DECRETO LEGISLATIVO Nº 1095

Análisis a criterio personal.

Al terminar de leer el Decreto Legislativo Nº 1095, y recordar tan alegre que me sentí cuando nombraron a Víctor García Toma, como nuevo Ministro de Justicia, y ahora ver su firma y su nombre estampados en los últimos decretos que se han dado, me parece que me adelanté al tiempo y juzgue mal.

Digo juzgue mal, porque pensé que cambiaría la justicia en el Perú, gracias a innovaciones que podría hacer con el cargo que ahora le compete. Si intentó cambiar la justicia desde sus publicaciones, que han servido a muchos estudiantes a comprender de una mejor manera la ciencia del derecho, era lógico que desde el poder plasmara sus ideas publicadas para bien de la sociedad. No fue así, que pena, se me cayó.

Considero que este Decreto Legislativo Nº 1095, es de absoluto riesgo para la democracia. Estamos hablando de la intervención de las Fuerzas Armadas en las zonas declaradas en emergencia. Intervención directa, no para apoyar a la policía nacional, sino para controlar el orden interno. Entonces es absolutamente peligroso, porque básicamente de lo que se trata es de la habilitación a las Fuerzas Armadas para el uso de las armas, frente a manifestantes a los cuales se puede considerar como grupo hostil.

Al decir que un grupo de manifestantes es un grupo hostil, es prácticamente decirles a los militares que pongan en práctica normas de guerra, que se dan en los conflictos armados.

Es interesante como se traslada algo que no se utiliza para la seguridad ciudadana, como la palabra; grupo hostil, que es de amplio concepto y además se lo trata en conflictos armados internacionales. En realidad hay que entenderlo como parte de un proceso en el cual el gobierno ha estado involucrado, y que ha tenido la intensión de desarrollar, el cual paulatinamente va criminalizando y estigmatizando a quienes manifestamos y hacemos el ejercicio del derecho al reclamo y a la protesta. Obviamente el derecho a la protesta tiene limitaciones, pero también hay que decirlo, este decreto legislativo 1095, agrava la situación, nos pone en un nivel de mayor riesgo a quienes hacemos uso legítimo de este derecho.

Que hay un derecho a la protesta; evidentemente si. Está fuera de toda discusión, pero este derecho tiene límites; nadie puede justificar bajo el derecho de protesta que se ataque o se secuestre a miembros de la policía o a nuestros jóvenes soldados, tampoco que se agreda la propiedad pública o privada, pero hasta ahí nada más señores. ¿Y el estado que?, acaso puede tratar a los manifestantes como si fuéramos criminales. Ese es el problema en el Perú. En los últimos años, particularmente el gobierno de García, viene identificando y etiquetando a los manifestantes como si fuéramos unos vulgares criminales, unos vulgares delincuentes, y por lo tanto tratándonos con una legislación que tiende a considerar que esas conductas son delictivas, y ahora con este decreto legislativo a identificarnos como grupos hostiles, y permitir que funcionen las leyes de los conflictos armados, y se usen las armas en nuestra contra.

Como yo lo veo, no sólo por este decreto, sino en la realidad misma. Existe una concepción detrás de todo esto; es una concepción ideológica, que nos considera obstáculos al desarrollo, y nos tratan como perros del hortelano. Entonces podemos identificar que es parte de una misma concepción que promueve el crecimiento económico, sin tener en cuenta un plan de desarrollo humano mucho más amplio.
Pero no hay que cegarnos con este decreto legislativo; hay otras leyes más, por ejemplo una de las ultimas normas que modificó el Código Penal, Ley Nº 29583, del 18 de setiembre de este año, que nos habla de reprimir con una sanción mayor o para reformular los tipos penal, respecto de aquellos actos que puedan cometer los manifestantes.

Hago está gran distinción: el derecho a la protesta tiene sus límites; no daños, no atentados contra los miembros de la policía y el ejército, o las empresas públicas o privadas, eso no. Pero es un derecho y el estado no tienen ninguna capacidad de tratar a los manifestantes como si fuéramos delincuentes.

La única vinculación del estado con los que protestan, no puede ser la represión; y esto es lo que está haciendo últimamente, no últimamente pero ya desde un buen tiempo, pero ahora con mayor fuerza, y más con esta modificación reciente del código penal, con el decreto legislativo, y en general con la conducta de la fuerza de seguridad y los ministros, que no hacen más que entablar una comunicación que solamente es en base a la criminalización y represión.

De lo último saco mi conclusión:

Que de ahí tiene que cambiar el discurso y corresponde a algunas autoridades hacerlo, y el llamado que nos corresponde a nosotros, es un llamado al dialogo, a ambas Partes, PROTESTANTES Y AUTORIDADES.