En
su mensaje al país el mandatario Humala pidió al Congreso la aprobación de la
imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y la "muerte civil"
de los que cometan estos ilícitos.
Pues
entonces que se apruebe la ley y se barra con los corruptos:
Quienes
utilizan su cargo de Ministro de Justicia, como Juan Jiménez Mayor, y de Agente
del Estado ante sede internacional, como Pedro Cateriano Bellido, para
interceder ante una jueza, como Carmen Rojassi Pella, sobre un caso real que
ella tiene en pleno trámite de juicio oral y por resolver poniendo fin a su
instancia, lo cual demuestra palmariamente y con creces el audio propalado,
comete delito de tráfico de influencias agravado (Art. 400, Código Penal), cuya
pena máxima es 8 años y es agravado por la calidad de funcionario público del
que lo consuma.
Ante
la demostrada falta de voluntad política del Congreso para aprobar la
imprescriptibilidad, desde el año 2007 varios proyectos optan por la
"muerte civil" (inhabilitación) de los condenados por delitos graves
de corrupción, siguiendo el modelo de Colombia. Sin embargo, tampoco han sido
aprobadas estas iniciativas.
El
último de los proyectos fue presentado el pasado 30 de mayo por el congresista
nacionalista Juan Pari. Propone la inhabilitación definitiva de corruptos y
también la creación de dos registros públicos: uno de inhabilitados y otro de
deudores de reparaciones civiles, pero también duerme en el olvido.
